Se inaugura una nueva unidad de protección territorial del Ejército en el Territorio Yanomami

La presencia del Gobierno federal en el Territorio Indígena Yanomami (TIY), en Roraima, se ha ampliado con la inauguración del Destacamento Especial de Frontera (DEF) de Waikás, en la tarde del jueves 30 de enero, con la presencia del comandante del Ejército Brasileño, el general Tomás Paiva. Por medio de la nueva unidad, se intensificará la lucha contra la explotación ilegal de oro dentro del Territorio Indígena y la protección y seguridad de las comunidades indígenas de la región.

Momento en que se desvela la placa durante la inauguración del Destacamento Especial de Frontera (DEF) en Waikás, en el Territorio Indígena Yanomami. Fotos: Bruno Mancinelle / Casa de Gobierno. Fotos: Bruno Mancinelli/Casa de Gobierno

Durante la inauguración, el general Paiva destacó la importancia del trabajo conjunto entre los órganos del Gobierno federal en la fuerza de tarea de seguridad y protección del territorio y de los indígenas. “Nuestra prioridad es garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a seguridad, salud y a un medio ambiente preservado. El trabajo entre el Ejército y los órganos civiles es esencial para este fin”, afirmó.

El comandante del Ejército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, durante la visita al Destacamento Especial de Frontera (DEF) en Waikás, en el Territorio Indígena Yanomami. Foto: Bruno Mancinelle/Casa de Gobierno.

También estuvieron presentes en la ceremonia otras autoridades militares, como el comandante militar de la Amazonia, el general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, y el jefe de Educación y Cultura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Francisco Humberto Montenegro Junior, además de representantes de la Casa de Gobierno, de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), del Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) y del Centro de Gestión y Operación del Sistema de Protección de la Amazonia (CENSIPAM).

Estructura y funcionamiento del DEF

El Destacamento Especial de Frontera de Waikás cuenta con alojamientos, instalaciones administrativas y áreas operativas para dar apoyo a las actividades de las fuerzas de seguridad. Las obras se completaron en aproximadamente 18 meses.

Vista aérea del Destacamento Especial de Frontera (DEF) en Waikas, en el Territorio Indígena Yanomami.

Además de reforzar la presencia del Estado en la región, el destacamento funcionará como un hub estratégico para las acciones de lucha contra la minería ilegal, dada su ubicación privilegiada. La unidad permitirá operaciones integradas aéreas y fluviales que facilitarán el monitoreo del TIY y agilizarán las respuestas contra intrusos. La proximidad a áreas históricamente afectadas por la minería ilegal también fortalecerá el control sobre las rutas de acceso utilizadas por los mineros ilegales y para otras actividades ilícitas.

“El Destacamento Especial de Frontera de Waikás es un paso esencial para garantizar una presencia permanente del Estado en la región. Supondrá un salto de calidad en la protección y en el patrullaje del río Uraricoera, como resultado de la actuación coordinada entre diversas agencias, especialmente gracias al trabajo del coordinador de la Casa de Gobierno", añadió el general Paiva.

La región de Waikás, en especial, es una de las más afectas por la minería ilegal dentro del Territorio Yanomami, con graves impactos ambientales y sociales. La explotación mineral en la localidad desforestó amplias áreas de bosque, contaminó los ríos con mercurio y generó conflictos violentos entre intrusos e indígenas. Asimismo, la actividad ilegal desencadenó una crisis humanitaria que agravó la desnutrición y propició la diseminación de enfermedades entre los Yanomami.

Desde que comenzaron las acciones del Gobierno federal en el territorio, se produjo una reducción significativa en la apertura de nuevas áreas de explotación ilegal. En 2022, se identificaron 1002 hectáreas de nuevas minas ilegales en el TIY. En 2023, este número se redujo a 115 hectáreas y, hasta diciembre de 2024, solo se habían registrado 42 hectáreas de nuevas minas ilegales, lo que representa una reducción del 95,76% con respecto al 2022, según datos del CENSIPAM.