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PUEBLOS INDÍGENAS
El Gobierno autoriza la contratación de 1,9 mil funcionarios temporales para garantizar la protección de los territorios indígenas
Los contratados llevarán a cabo actividades destinadas a proteger y promover los derechos de los pueblos aislados y de reciente contacto, así como la protección territorial de las tierras indígenas. - Foto: Mário Vilela/ FUNAI
El Gobierno federal autorizó la contratación de 1.938 nuevos funcionarios temporales para la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) con el objetivo de fortalecer las estrategias de protección territorial y el cumplimiento de las decisiones judiciales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas y la preservación del medio ambiente.
La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el pasado martes, 31 de diciembre, mediante una ordenanza conjunta del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos (MGI) y del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI). La medida atiende a una necesidad temporal de excepcional interés público para la protección de los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto, la fiscalización y desintrusión de territorios indígenas invadidos y la ejecución de acciones determinadas por los Argumentos de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 709, 760 y 991.
La contratación se considera determinante en un momento en el que los territorios indígenas se enfrentan a una presión cada vez mayor, como el avance de la minería ilegal y la degradación del medio ambiente.
MUNDURUKU — La FUNAI es uno de los más de 20 órganos que participan en la operación de desintrusión en el Territorio Indígena Munduruku, en Pará. La acción, que se viene desarrollando desde noviembre de 2024, reúne a instituciones como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y la Fuerza Nacional, entre otras, con el fin de combatir las actividades ilegales y proteger la integridad del territorio indígena y la seguridad de las comunidades locales.
FISCALIZACIÓN — Entre los desafíos a los que se enfrentan las autoridades de la región se encuentran el impacto social del avance de las actividades ilícitas, así como el aumento de los casos de malaria y la contaminación de los ríos utilizados por las comunidades. El Gobierno federal destaca que es esencial intensificar la fiscalización ambiental y llevar a cabo operaciones conjuntas para garantizar la soberanía nacional y la preservación de la biodiversidad.
COMBATE — Con las nuevas contrataciones, el Gobierno refuerza la Fundación y su integración con los diversos órganos involucrados en la protección del territorio, intensificando el combate contra las amenazas que ponen en peligro el futuro de los Territorios Indígenas y de la Amazonia en su conjunto.