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DESINTRUSIÓN
El Gobierno federal intensifica la lucha contra la minería ilegal en el Territorio Indígena Munduruku
La fuerza de tarea federal opera con alrededor de 20 órganos federales recorriendo, por vía aérea, terrestre y fluvial, los 2,3 millones de hectáreas del territorio que alberga a 9.257 indígenas. - Foto: Vinícius Mendonça/IBAMA
Jacareacanga e Itaituba, en Pará, comparten la fama de ser las capitales del oro en la Amazonia. Sin embargo, la riqueza natural de la región no se traduce en desarrollo económico para los municipios, ya que la mayor parte de la minería existente es ilegal, invade territorios indígenas, áreas de protección ambiental y degrada la naturaleza sin ninguna compensación. Si bien la minería ilegal representa una opción de empleo para algunos, quienes se someten a los riesgos de esta actividad delictiva y nociva para la salud, los beneficios y ganancias se limitan a este grupo, en perjuicio de la población local y del país en general, que pierde parte de su selva y de sus recursos naturales.
Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística muestran, por ejemplo, que Jacareacanga cuenta con solo el 2% de los hogares con saneamiento básico adecuado, la tasa de mortalidad infantil promedio en la ciudad es alta, de 20,8 por cada 1.000 nacidos vivos, y solo el 9% de una población de 24 mil personas está dentro del porcentaje de personas ocupadas. En Itaituba, una ciudad más grande con 123 mil habitantes, el porcentaje de hogares con saneamiento adecuado alcanza el 20%; la tasa de mortalidad infantil también es alta, de 18,56 por cada 1.000 nacidos vivos, y la población ocupada es del 18%.
Desde el 9 de noviembre, el Gobierno federal lleva a cabo una gran operación para retirar a los invasores, equipos y edificaciones vinculadas a la minería ilegal en la Tierra Indígena Munduruku, cuyo territorio tiene más del 90% dentro de los límites de Jacareacanga y una pequeña parte (2%) en Itaituba. Con las inspecciones, ya se ha destruido una gran cantidad de maquinaria, lo que ha causado a la minería ilegal pérdidas estimadas en BRL 74 millones hasta el momento.
La operación de desintrusión ha entrado en su segundo mes y continúa a un ritmo intenso, siguiendo el calendario establecido por la Casa Civil. La fuerza de tarea federal opera con alrededor de 20 órganos federales que recorren, por vía aérea, terrestre y fluvial, los 2,3 millones de hectáreas del territorio, que alberga a 9.257 indígenas. Desde el inicio de las operaciones, ya se han realizado más de 300 acciones, y se espera continuar con el monitoreo y la fiscalización para debilitar y desarticular esta actividad delictiva.
El coordinador general de la operación, Nilton Tubino, afirma que los trabajos de los equipos de seguridad y demás miembros encargados de la fiscalización, monitoreo, diálogo e inteligencia federal continuarán hasta la devolución del territorio indígena a sus legítimos propietarios. “El Territorio Indígena Munduruku pertenece exclusivamente a los indígenas y solo a ellos corresponde el usufructo de los recursos naturales. No permitiremos que se destruya la Amazonia en beneficio de particulares”, afirmó, explicando que el Gobierno también ha llevado a cabo acciones fuera de los límites del Territorio indígena para proteger la selva. “Es una determinación del presidente Lula que el Estado proteja la Amazonia. Esta es una riqueza del pueblo brasileño”, subrayó.
INVERSIONES — De enero a septiembre de 2024, el Gobierno federal ha transferido al municipio de Jacareacanga BRL 84 millones. Para los ciudadanos, se destinaron BRL 29,84 millones al programa Bolsa Familia, BRL 3,13 millones en el Beneficio de Prestación Continuada, BRL 9,24 millones en beneficios de seguridad social, BRL 1,22 millones por medio del Programa Nacional de Alimentación Escolar, entre otros beneficios.
Durante el mismo período, Itaituba recibió BRL 233,97 millones en recursos federales, de los cuales BRL 113,59 millones fueron para el programa Bolsa Familia, BRL 82,91 millones al Beneficio de Prestación Continuada, BRL 170,73 millones en beneficios de la Seguridad Social, y BRL 3,77 millones por medio del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) entre otros.
NUEVO PAC — En la cartera de inversiones del Nuevo PAC, el programa de inversiones del Gobierno federal, Jacareacanga ha sido contemplada con sistemas de abastecimiento de agua, la finalización de dos escuelas, dos centros de salud y transporte escolar. Por su parte, Itaituba recibirá obras para la conclusión de tres guarderías, una cancha deportiva, dos centros de salud, además de nuevos centros de salud, ambulancias, transporte escolar y sistemas de abastecimiento de agua.
“Hay mucho por hacer en estos municipios, y el Gobierno federal tiene acciones en curso. Es necesario trabajar para llevar oportunidades de empleo e ingresos, salud, seguridad, y para ello compartimos la responsabilidad con los gestores municipales y estatales. No permitiremos que el delito sea una excusa para oportunidades ilusorias de empleo y mejora de vida. Lo que hemos observado es degradación medioambiental, aniquilación de comunidades indígenas y deforestación de la Amazonia”, añadió Tubino.
COMPROMISO — La desintrusión en el Territorio Indígena Munduruku refuerza el compromiso del Gobierno con la protección de las riquezas naturales de Brasil. Con acciones continuas y coordinadas, se espera no solo suprimir las actividades ilegales, sino también concienciar a la sociedad sobre la importancia de la preservación medioambiental. Los resultados de las operaciones destacan la prioridad de luchar contra la deforestación y la explotación depredadora de la Amazonia.
IMPORTANCIA — Además de ilegal, la explotación minera en el Territorio Indígena Munduruku deja un rastro de problemas que afectan a los indígenas, al medio ambiente y a la población de los municipios vecinos, como Jacareacanga e Itaituba. Entre los impactos más presentes en la región están la degradación ambiental, contaminación por sustancias como mercurio y cianuro, malaria, desorganización social, ocupación ilegal de territorios, trabajo análogo a la esclavitud, aumento de enfermedades, explotación de la prostitución infantil y los alarmantes índices de violencia. Además, toda la ganancia potencial de la actividad de extracción de oro en territorios indígenas de forma ilegal queda en manos de los líderes y financiadores de la minería.