Nuevo acuerdo de la Cuenca del Río Doce: más recursos y más protección para las familias, los estados, los municipios y el medio ambiente

El acuerdo de 2024, firmado el 25 de octubre por el Gobierno Federal, los gobiernos de Minas Gerais y Espírito Santo, Ministerios Públicos, Defensorías Públicas y empresas mineras causantes de los daños derivados del colapso de la represa de Fundão en Mariana, sustituye el Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC, por su sigla en portugués) de 2016 y el Acuerdo de Ajuste de Conducta relativo a la Gobernanza (TAC-GOV, por sus siglas en portugués) de 2018, como resultado de una intensa negociación que se ha reanudado en la actual gestión del Gobierno federal, desde de comienzos de 2023.

El miércoles, 6 de noviembre, se homologó el acuerdo, por unanimidad, en el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y su texto se enviará ahora a todos los países donde se tramitan acciones relacionadas con el caso. El acuerdo de 2024 es bastante diferente y cualitativamente mejor con respecto a la propuesta de fines de 2022. El nuevo dispone que las empresas desembolsen BRL 132 mil millones en montos nuevos, de los cuales BRL 100 mil millones serán transferidos y administrados por el Poder público y BRL 32 mil millones se destinarán a financiar las medidas que tendrán que adoptar las empresas.

BENEFICIARIOS - En el acuerdo de 2024, aumentaron el monto de la indemnización individual y el posible número de beneficiarios. En el caso de que opte por recibir el monto y presente la documentación exigida, el interesado lo cobrará de forma directa y en pocos meses. Los Ministerios Públicos y las Defensorías Públicas supervisarán el cumplimiento de las obligaciones de indemnización individual.

RECUPERACIÓN - En el acuerdo de 2024, la recuperación ambiental a cargo de las empresas es más amplia e incluye el retiro de escombros, la reforestación, la recuperación de cuencas y la gestión de áreas específicas. La supervisión de estas medidas estará a cargo de los órganos ambientales. Asimismo, las empresas deben completar una serie de medidas en curso, llamadas medidas de transición del acuerdo anterior de 2016.

REDACCIÓN - El Gobierno federal, a partir de 2023, participó activamente en la redacción de las partes del acuerdo relativas a sus competencias. Algunos anexos fueron redactados por técnicos y abogados públicos de los ministerios, como sucedió con el Programa de Recuperación Económica y el Programa de Transferencia de Ingresos. De este modo, se pretendió garantizar derechos y dar seguridad jurídica a las políticas que gestionará el Gobierno federal. En el acuerdo en general, se pretendió dar más seguridad jurídica y objetividad en la redacción del acuerdo, reduciendo las interpretaciones desfavorables al Poder Público y al público asistido por las acciones del Gobierno federal.

PARTICIPACIÓN SOCIAL - El acuerdo firmado en 2024 crea el Consejo Federal de Participación Social de la Cuenca del Río Doce. Este consejo, que será administrado por el Gobierno federal, contará con la participación de la sociedad civil, hará el seguimiento de la implementación del Acuerdo y deliberará sobre el uso de los recursos para proyectos de la comunidad. En líneas generales, el Gobierno federal, a partir de 2023, ha actuado con el fin de ampliar la participación social a lo largo de las negociaciones del acuerdo y en su futura implementación.

ENFOQUE - El nuevo acuerdo garantiza que los recursos administrados por el Poder Público (Gobierno federal, Minas Gerais y Espírito Santo) se inviertan exclusivamente en las áreas efectivamente afectadas por el colapso de la represa. Así, se prohíbe que estos recursos se gasten libremente, sin criterio, en otras regiones de los estados que no fueron afectados, excepto la posibilidad de un pequeño monto, correspondiente al 20% de los recursos destinados a los proyectos socioambientales que implementarán los Estados, que podrán utilizarse fuera de la Cuenca del río Doce.