Entienda por qué el Gobierno federal debe seguir gestionando las playas y tierras marítimas para el pueblo brasileño

En las últimas semanas se ha intensificado el debate público sobre la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 3/2022, que tiene como objetivo modificar la Constitución Federal estableciendo nuevas directrices para la propiedad y gestión de las tierras marítimas. El debate comenzó con una audiencia pública en el Senado para debatir la PEC, en la que la Secretaría de Patrimonio de la Unión del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos se posicionó en contra de la propuesta.  

Lea los puntos principales a continuación para entender lo que se está debatiendo y la importancia de que el Gobierno federal siga siendo el gestor de estas áreas, garantizando que se utilicen de manera justa y sostenible, en beneficio de la población.

¿Qué son las tierras marítimas?

Las tierras marítimas (terrenos de marinha) forman parte de los bienes del Gobierno federal, que son patrimonio del pueblo brasileño. Estos bienes son administrados por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Patrimonio de la Unión del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos (MGI). La demarcación y administración de estas tierras por parte del Gobierno federal son fundamentales para la protección ambiental de estas áreas y para garantizar la seguridad jurídica y la adecuada gestión de los bienes de la Unión.  

Las tierras marítimas son una franja de tierra a lo largo de la costa y algunas áreas cercanas a ríos y lagos.  Esta franja está a 33 metros del mar hacia el continente o el interior de las islas costeras con sede municipal. Además de las áreas a lo largo de la costa, también se demarcan las orillas de los ríos y los lagos que reciben la influencia de las mareas. La referencia para esta demarcación no es la configuración del mar tal como es en la actualidad, sino la marca de pleamar media (Linha do Preamar Média - LPM), que tiene en cuenta las mareas máximas del año 1831, según lo determinado por el Decreto Ley n.º 9.760, de 1946. 

Para más información: https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/bens-da-uniao/terrenos-de-marinha.

El control del litoral marítimo por parte del Gobierno federal es estratégico para garantizar los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental del país. En la franja costera se encuentran ecosistemas de gran importancia medioambiental (manglares, restinga, marismas, por ejemplo), fundamentales para la prevención de riesgos y las medidas de adaptación al cambio climático. Además, en estos lugares hay pueblos y comunidades tradicionales que dependen de este ecosistema para su subsistencia.  

En estas áreas también se desarrollan actividades como puertos públicos y privados, centrales eólicas (generación de energía), industrias petrolíferas y gasísticas, pesca industrial y artesanal, infraestructuras críticas y estratégicas (cableado de Internet, por ejemplo), desarrollos inmobiliarios y complejos turísticos. De este modo, la gestión de las tierras marítimas por parte del Gobierno federal es esencial para la soberanía nacional, ya que es el control del Gobierno federal el que garantiza la protección estratégica de este conjunto de áreas esenciales para la defensa y el desarrollo económico de Brasil. 

¿Por qué se opone el Gobierno federal a la PEC 3?

El Gobierno federal está en contra de la PEC 3 porque, de aprobarse, derogaría una sección de la Constitución que establece la propiedad exclusiva del Gobierno federal sobre las tierras marítimas. La PEC autorizaría la transferencia de estas áreas a estados, municipios y particulares (en función de su uso y ocupación previa). Esta medida tendría un impacto directo en la protección de las áreas costeras y en la forma en que son ocupadas por la población. La aprobación de la PEC en su forma actual conllevaría varios riesgos, como la especulación inmobiliaria, impactos medioambientales descontrolados, pérdida de ingresos para la Unión e inseguridad jurídica. También habría consecuencias negativas para las comunidades locales. 

Además, la propuesta podría provocar dificultades de acceso de la población a las playas, ya que favorece la especulación inmobiliaria y el interés de una serie de construcciones costeras que podrían extenderse sobre estas zonas. Las comunidades pesqueras también podrían verse afectadas, ya que necesitan estos accesos para su producción, para su subsistencia, por no hablar de las repercusiones que esto tendrá en los ecosistemas locales.  

Otro punto negativo de la PEC es que extingue este concepto de franja de seguridad y permite la enajenación, la transferencia de pleno dominio en estas áreas donde es importante para el Plan Nacional de Gestión Costera que se mantengan. Esto acaba favoreciendo esta ocupación desordenada, amenazando los ecosistemas brasileños y haciendo estos territorios más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos. 

La aprobación de la PEC podría intensificar la construcción de inmuebles en las riberas y playas de los ríos, áreas que son objetivo de la construcción civil y el turismo. Esto facilitaría las negociaciones desiguales entre las megaempresas y las comunidades tradicionales, exacerbando los conflictos por las tierras. La transferencia de ocupaciones no registradas por el Gobierno federal también conllevaría inseguridad jurídica, generando conflictos de propiedad. 

La gestión de las tierras marítimas desempeña un papel fundamental en la prevención de riesgos, el mantenimiento del equilibrio del medio ambiente y las cuestiones climáticas. Desproteger estas áreas, como sugiere la PEC, que retira la gestión de dichas áreas al Gobierno federal, sería ir en dirección contraria a lo que varios países han hecho para proteger estas regiones, para limitar su uso, para ejercer la soberanía.