El Gobierno actualiza a jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre avances en agendas ambiental e indígena

Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos participó el jueves 23 de mayo, de una doble agenda de trabajo con integrantes del Gobierno federal. Por la mañana, fueron recibidos por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio del Planalto, en Brasilia, en una conversación que tuvo como prioridad la conexión entre emergencia climática y derechos humanos. Más tarde, tuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Casa Civil, en una agenda para evaluar la atención dada por el Gobierno federal a la cuestión del pueblo Yanomami en Roraima. Brasil recibe esta semana el 167º Período Ordinario de Sesiones de la Corte, que se desarrolla a través de seminarios y encuentros con autoridades en Brasilia, Distrito Federal, y Manaos, Amazonas.

En la reunión de la delegación con el presidente, Lula reafirmó el compromiso internacional asumido por el país de erradicar la deforestación ilegal en la Amazonia para 2030. El presidente mencionó una colaboración inédita establecida por el Gobierno federal con municipios de la región amazónica en favor del desarrollo sostenible y la preservación ambiental.

El programa Unión con Municipios por la Reducción de la Deforestación e Incendios Forestales en la Amazonia fue lanzado en abril. La iniciativa prevé una inversión de BRL 730 millones para promover el desarrollo sostenible y luchar contra la deforestación e incendios forestales en 70 municipios prioritarios, responsables del 78% de la deforestación en la Amazonía en 2022.

Son BRL 600 millones del Fondo Amazonia y BRL 130 millones del Floresta+. La iniciativa integra el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía, relanzado en junio de 2023, tras su suspensión en el gobierno anterior. A partir de ahora, el Gobierno federal y los municipios trabajarán interconectados en inversiones y acciones de protección a la Amazonia.

Lula enfatizó, además, la perspectiva de inclusión de los intereses de los pueblos amazónicos en los debates sobre el clima proporcionada con motivo de la COP30, la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el clima, en Belém, capital del estado de Pará, en 2025. La presidenta de la Corte, la jueza Nancy Hernández, destacó la amplitud de los desafíos relacionados con el cambio climático. Resaltó que, entre los procesos de la Corte, este es el de mayor alcance, con más de 600 organizaciones involucradas, entre Estados, organizaciones públicas y de la sociedad civil.

YANOMAMI – Más tarde, la delegación escuchó un informe sobre los avances del Gobierno federal con relación a las demandas del pueblo Yanomami en Roraima. De un contexto de abandono hacia el reconocimiento de la gravedad de la situación y la adopción de medidas que devuelvan la dignidad, la salud y su propia tierra. La secretaria especial adjunta de Articulación y Monitoreo de la Casa Civil, Júlia Rodrigues, compartió la determinación del presidente Lula de tratar la agenda indígena como un tema de Estado. La determinación es para que todos los ministerios y órganos involucrados garanticen la presencia permanente del estado en la Tierra Indígena y actúen con políticas que resulten en la recuperación del modo de vida de los Yanomami.

CASA DE GOBIERNO - Entre las novedades de 2024 está la implementación de la Casa de Gobierno en Boa Vista, Roraima. Un espacio instituido para gestionar los 31 órganos federales involucrados en el trabajo en la mayor tierra indígena de Brasil. Otra importante decisión fue la apertura de un crédito extraordinario de BRL 1,000 millones para el plan estructurante que el Gobierno federal está promoviendo en la Tierra Indígena Yanomami, basado en las consultas con los líderes.

“El trabajo de todos los equipos del Gobierno brasileño se está perfeccionando con la orientación de las comunidades indígenas. Las acciones se definen a partir del diálogo y de lo que señalan como prioridad y necesidad”, afirmó Júlia Rodrigues. Desde la visita del presidente Lula a la tierra indígena, delegaciones de ministros han visitado Boa Vista para implementar nuevas acciones y ampliar el proceso de diálogo con los Yanomami.

La presidente de la Corte IDH, Nancy Hernández López, reconoció los esfuerzos y enfatizó que el tema “realmente necesita de la integración con seguimiento constante, participación y consulta a los pueblos indígenas”. También pidió detalles sobre la actuación frente a la delincuencia organizada en la región, el control del tráfico aéreo, expresó preocupación por la contaminación de indígenas por mercurio y señaló la necesidad de una vigilancia permanente en la región.

A continuación, el Gobierno federal presentó una serie de avances por temas:

DESINTRUSIÓN - Las acciones de desintrusión, el combate a organizaciones criminales, la protección territorial y la represión de delitos ambientales son el inicio para que otras políticas se lleven a cabo. La representante del Gobierno brasileño enumeró un balance de la mega operación en curso. Se inutilizaron 49 mil litros de diésel, 135 campamentos, 389 motores, 31 balsas, ocho aeronaves, y se incautaron 17 armas, 20 antenas y 8 toneladas de oro ilegal. Uniendo a todos los organismos federales, el operativo cuenta con un total de 474 personas.

SALUD - La recuperación nutricional de 581 niños con desnutrición grave o moderada fue un logro importante según la evaluación del equipo federal. Para fortalecer las acciones frente a este desafío, se establecieron tres Centros de Recuperación Nutricional (CASAI, Surucucu y Auaris). La vigilancia y la asistencia sanitaria avanzaron con la implementación de una nueva infraestructura, como la reapertura de todos los polos base que estaban cerrados; el aumento en un 82% en el número de profesionales de la salud en el Distrito Especial Indígena (DSEI) Yanomami, pasando de 690 en 2022 a 1.256 en 2024, con la previsión de que este número se amplíe aún más en este mes de mayo a 1.600. El número de médicos pasó de 8 a 40.

SEGURIDAD ALIMENTARIA - Se han distribuido más de 78.000 canastas de alimentos con carácter de emergencia, además de 3 mil kits de herramientas agrícolas y pesqueras, y 184 equipos para casas de harina. El compromiso es ampliar el servicio de asistencia técnica a las comunidades; formar agentes agroforestales indígenas para apoyar la implementación y el mantenimiento de las plantaciones; fomentar la piscicultura; promover la distribución de mudas y semillas tradicionales.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL - Entre las acciones ya realizadas se incluyen la construcción y/o reanudación de 66 sistemas de abastecimiento de agua; el Proyecto de Red de Monitoreo de Mercurio en la Tierra Indígena Yanomami y Alto-Amazonas; el seguimiento de datos sobre indicadores de expansión o reducción de la actividad minera ilegal; y acciones de monitoreo de la calidad del agua.

DESARROLLO SOCIAL - Están previstas la implementación de un Centro de Referencia en Derechos Humanos para Indígenas en Boa Vista, Roraima, con prioridad para los Yanomami; la formación de fiscales indígenas de derechos humanos para la prevención y lucha contra las violencias; y el apoyo para la realización del Foro de Líderes Yanomami 2024.

Además de la presidenta de la Corte, integraban la delegación el vicepresidente y representante brasileño de la CIDH, Rodrigo Mudrovitsch, junto a los jueces Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Verónica Gómez (Argentina) y el secretario Pablo Saavedra Alessandri. Los miembros de la Corte también se reunieron con los ministros Silvio Almeida (Derechos Humanos), el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Manoel Carlos de Almeida.

¿QUÉ ES?: La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Convención Americana, también conocida como Pacto de San José, es un tratado internacional que establece derechos y libertades que deben ser respetados por los Estados Partes. Los países que han ratificado la Convención son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.