Discurso del presidente Lula durante el lanzamiento de la Coalición Mundial para la Justicia Social en la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo

Es para mí una gran satisfacción participar en la 112ª (centésimo duodécima) Conferencia Internacional del Trabajo.

Vuelvo a la OIT con la esperanza renovada en la actuación conjunta de gobiernos, trabajadores y empresarios para superar tiempos adversos.

En sus cien años de historia, no han sido pocas las veces que el mundo ha acudido a la OIT en busca de soluciones.

Esta organización fue una de las primeras en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1969.

Fue en esta asamblea, en mayo de 2003, cuando decidí pronunciar mi primer discurso ante un organismo de las Naciones Unidas como jefe de Estado.

Y fue aquí donde nos reunimos para debatir la crisis del empleo provocada por el colapso financiero de 2008.

Esta vez, vivimos en un contexto global mucho más complejo.

Nuestras sociedades siguen recuperándose de los efectos de la pandemia de la COVID-19 a ritmos muy desiguales.

Nuevas tensiones geopolíticas se suman a los conflictos existentes en distintas partes del planeta.

Las transiciones energética y digital ya impacientan a los trabajadores de todos los países.

Los efectos del cambio climático han deteriorado la calidad de vida en todo el mundo.

2,4 mil millones de trabajadores se ven directamente afectados por el calor excesivo.

El papel de la OIT y de su estructura tripartita es aún más importante hoy en día que cuando se creó.

Nunca antes la justicia social había sido tan crucial para la humanidad.

Es esencial recuperar el espíritu de la Declaración de Filadelfia, adoptada hace 80 años.

En dicha Declaración consignamos que el trabajo no debe tratarse como una mercancía, sino como una fuente de dignidad.

El bienestar de cada uno depende del bienestar de todos.

Como ha dicho el Papa Francisco, no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia cuando hay desigualdad.

Por eso, acepté la invitación del director general Gilbert para copresidir la Coalición Mundial para la Justicia Social.

Será un instrumento para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El ODS 8 sobre "Trabajo Decente para Todos" no está avanzando a la velocidad y escala necesarias para cumplir sus indicadores.

A pesar de que se prevé que la tasa de desempleo mundial para este año y el próximo descienda modestamente del 5% al 4,9%, no debemos hacernos ilusiones.

La informalidad, la precarización y la pobreza son persistentes.

El número de personas con empleos informales ha pasado de 1,7 mil millones en 2005 a 2 mil millones este año.

Los ingresos laborales siguen cayendo para los menos escolarizados.

Las nuevas generaciones no encuentran espacio en el mercado.

Muchos no estudian ni trabajan. Hay un alto grado de desánimo.

Casi 215 millones—más que la población de Brasil―viven en la pobreza extrema, aunque tengan empleo.

Las desigualdades de género, raza, orientación sexual y origen geográfico son factores agravantes de este escenario.

En todo el mundo, las mujeres son uno de los eslabones más vulnerables de la cadena laboral.

La máxima "a igual trabajo, igual salario" sigue siendo una utopía.

Más de 500 millones de mujeres en edad de trabajar están fuera de la población activa debido al desigual reparto de las responsabilidades familiares y de cuidados.

De los 280 millones de migrantes que hay en el mundo, el 80% vive en el Sur Global.

En muchos casos, las remesas de estos trabajadores superan la inversión extranjera en su país de origen.

Los inmigrantes enviaron casi 650 mil millones de dólares a países de ingresos bajos y medios.

Estos recursos son fundamentales, pero insuficientes.

Tenemos una arquitectura financiera disfuncional que alimenta las desigualdades.

Los bancos de desarrollo invierten muy poco.

Señoras y señores:

Hay un viejo proverbio que dice "si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra".

Al poner la primera piedra de la OIT, nuestros predecesores lo sabían y subvirtieron esta lógica consagrando el lema "si quieres la paz, cultívala y no permitas la injusticia”.

Esta máxima es aún más pertinente hoy en día.

Las guerras de Ucrania, Gaza y tantos otros conflictos olvidados nos alejan aún más de este ideal.

Trabajadores que deberían dedicarse a sus vidas y familias son enviados a frentes de batalla de los que nadie sabe si regresarán o quién saldrá vencedor.

Así ocurrió en la Primera Guerra Mundial, de cuyos escombros surgieron la Liga de las Naciones y la propia OIT.

La Segunda Guerra Mundial se saldó con 70 millones de muertos, el 3% de la población de la época, en su mayoría jóvenes de corta edad.

El año 2023 registró un aumento del gasto en armamento del 7% con respecto a 2022, alcanzando los 2,4 billones de dólares.

La irracionalidad de un conflicto en Europa reaviva el temor a una catástrofe nuclear.

En Gaza hay más de 37 mil víctimas mortales. La mayoría son mujeres y niños.

Este conflicto también tiene el triste récord de muertes de trabajadores humanitarios. Por eso es importante decirlo: el mundo necesita paz y prosperidad, no guerra.

En 2024 acudirá a las urnas el mayor número de electores de la historia.

Casi la mitad de la población mundial participará en los procesos electorales, renovando las esperanzas de un futuro mejor.

La democracia y la participación social son esenciales para conquistar los derechos laborales.

Sin democracia, un tornero mecánico nunca habría llegado a la Presidencia de la República de un país como Brasil.

Los ataques a la democracia han significado históricamente la pérdida de derechos.

No es mera coincidencia que mi país fuera investigado por violar las normas de esta Organización durante el gobierno de mi predecesor.

El extremismo político ataca y silencia a las minorías, descuida a los más vulnerables y vende mucha ilusión.

La negación de la política deja un vacío que llenan los aventureros que difunden mentiras y odio.

La impugnación del orden vigente no puede ser privilegio de la extrema derecha.

La bandera antihegemónica debe ser reivindicada por los sectores populares progresistas y democráticos.

Recuperar el papel del Estado como planificador del desarrollo es una tarea urgente.

La mano invisible del mercado no hace sino agravar las desigualdades.

El crecimiento de la productividad no ha ido acompañado de un aumento de los salarios, lo que ha generado insatisfacción y mucha polarización.

No se puede debatir sobre economía y finanzas sin hablar de empleo e ingresos.

Necesitamos una nueva globalización: una globalización con rostro humano.

La justicia social y la lucha contra la desigualdad son prioridades de la presidencia de Brasil del G20 que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.

Insistí en invitar a la OIT a participar en los debates del Grupo.

Estamos debatiendo cómo promover una transición justa y utilizar las tecnologías emergentes para mejorar el universo laboral.

Nuestra iniciativa prioritaria, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, pretende acelerar los esfuerzos para eliminar estas llagas.

Brasil está impulsando en los debates del G20 la propuesta de gravar a los superricos.

Nunca antes hubo en el mundo tantos multimillonarios. Estamos hablando de 3 mil personas que poseen casi USD 15 billones de patrimonio.

Esta cifra representa la suma de los PIB de Japón, Alemania, India y el Reino Unido.

Es más, de lo que se calcula que necesitan los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático.

La concentración de la renta es tan absurda que algunos individuos tienen sus propios programas espaciales.

No necesitamos buscar soluciones en Marte. Es la Tierra la que necesita nuestros cuidados.

Las inundaciones que han causado estragos en el sur de Brasil, Kenia y China, y las sequías en la Amazonia, Europa y el continente africano demuestran que el planeta no aguanta más.

La crisis climática será una prioridad en la COP30, que se celebrará en la ciudad de Belém, en un estado de la Amazonia.

Los bosques tropicales no son santuarios para deleite de la élite global.

Tampoco pueden tratarse como depósitos de riquezas que se exportan.

Bajo cada árbol viven trabajadoras y trabajadores que necesitan empleo e ingresos.

La socio-bioeconomía, la industrialización verde y las energías renovables son grandes oportunidades para aumentar el bienestar colectivo y hacer realidad la transición justa que defendemos.

Las acciones y políticas destinadas al desarrollo de competencias digitales y sostenibles serán fundamentales en una economía mundial cada vez más descarbonizada e intensiva en tecnología.

En las revoluciones industriales anteriores, aprendimos que las innovaciones tecnológicas pueden ampliar los horizontes de la humanidad.

Pero fue la lucha de los trabajadores la que disciplinó y democratizó su uso.

La inteligencia artificial transformará radicalmente nuestro modo de vida.

Tendremos que esforzarnos para que sus beneficios lleguen a todos y no solo a los mismos países que siempre se llevan la mejor parte.

De lo contrario, tenderá a reforzar los sesgos y las jerarquías geopolíticas, culturales, sociales y de género.

Un tercio de la población mundial no está conectado a Internet, y una parte aún mayor no disfruta de una conectividad significativa.

La diversidad lingüística todavía no está adecuadamente representada en el entorno digital.

El poder informático necesario para mover sus engranajes está desigualmente distribuido.

Su insumo esencial son nuestros datos, nuestra atención y nuestro tiempo, y se lo disputan ferozmente un puñado de empresas.

Ningún país puede resolver por sí solo los dilemas que afectan a toda la sociedad internacional.

Tenemos que buscar las mejores experiencias dondequiera que estén para poder ponerlas en práctica en todo el mundo.

Brasil se inspiró en el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez para regular el trabajo de las aplicaciones de transporte y promover un acuerdo sobre jornada laboral, salarios y seguridad social.

El presidente Biden ha demostrado ser un gran aliado en la construcción de un nuevo marco para establecer una relación entre el capital y el trabajo. Este es el sentido de la Asociación para los Derechos de los Trabajadores que lanzamos en la ONU el año pasado, junto con el director general, nuestro compañero Houngbo.

Queremos allanar el camino hacia un nuevo contrato social que sitúe al ser humano en el centro de las políticas.

En mi tercer mandato, he renovado mi compromiso con el mundo del trabajo.

Estoy seguro de que retomaremos las políticas de aumento del salario mínimo, de erradicación del trabajo infantil y de lucha contra las formas contemporáneas de esclavitud.

Aprobamos una ley sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y nos unimos al llamamiento de la OIT para que más países, sindicatos y empresas se adhieran a la Coalición Internacional por la Igualdad Salarial.

También estamos elaborando un Plan Nacional de Cuidados que tenga en cuenta las desigualdades de clase, género, raza, edad, discapacidades y territorios, con especial atención al mundo del trabajo doméstico.

Tenemos una política firme de generación de empleo y reindustrialización del país, con responsabilidad fiscal.

Solo la industria automovilística ha anunciado inversiones por un importe de USD 25 mil millones, algo que no ocurría en Brasil desde hace más de 40 años.

Un país que crea condiciones de inversión está protegiendo a sus trabajadores, generando empleo y permitiendo que crezca la masa salarial.

Cuando la economía crece, el desempleo disminuye y los ingresos aumentan.

Desde el inicio de mi gobierno se han creado 2,2 millones de empleos formales.

El desempleo en el primer trimestre de este año fue el más bajo desde 2014.

Señoras y señores:

A lo largo de más de un siglo, la OIT ha contribuido a innumerables logros que han elevado la calidad de vida de las personas y fortalecido la paz, la seguridad y la prosperidad.

La Coalición Mundial que estamos lanzando hoy será una herramienta central para construir una transición con justicia social, trabajo decente e igualdad.

Esto será particularmente importante en el contexto de la transición a un orden multipolar, que requerirá profundos cambios en las instituciones.

Por eso, Brasil trabajará por la ratificación de la Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT, la cual propone eliminar los puestos permanentes de los países más industrializados en el Consejo de la Organización.

No tiene sentido pedir a los países en desarrollo que contribuyan a resolver las crisis a las que se enfrenta el mundo actual sin que estén adecuadamente representados en los principales órganos de gobernanza global.

Nuestras decisiones solo serán legítimas y eficaces si se adoptan e implementan democráticamente.

Este es el mejor camino a seguir para garantizar el desarrollo sostenible, los derechos de los más vulnerables y la protección del planeta.

Vamos a sembrar justicia y cosechar la paz que el mundo tanto necesita.

Muchas gracias.